En clave nacional o ideológica: El Fondo de Ayuda Europea a los Más Necesitados

Decía en un comentario anterior que las y los parlamentarios del grupo Verdes/ALE se esfuerzan en mantener un posicionamiento común, y no siempre lo consiguen. Un ejemplo de este “fracaso” fue la cuestión de obligatoriedad del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), destinado a suministrar alimentos a los que menos tienen por medio de bancos de alimentos y otras organizaciones de ayuda.

La Comisión Europea propuso un Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados de 2.500 millones de euros en el que estarían obligados a participar todos los países miembros de la UE, cuando el programa de reparto de alimentos que existe hasta ahora dispone de 3.500 millones para repartir entre solo 19 países participantes. Los Verdes/ALE, encabezados por la europarlamentaria holandesa Marije Cornelissen, rechazaron inicialmente la propuesta en el Comité de Empleo y Asuntos Sociales y argumentaron que sería más beneficioso que los estados miembros pudiesen participar o no del mismo voluntariamente y que se centrara el fondo en los que verdaderamente más lo necesitan.

Sin embargo, la posición de voluntariedad del Fondo se topaba ya dentro del grupo Verdes/ALE con la oposición principalmente de los parlamentarios franceses, con Karima Delli a la cabeza, que temían que se entendiera en su país como una falta de respuesta social a la crisis por parte de la UE. Sus argumentos para hacerlo obligatorio estribaban en que los más necesitados lo son independientemente del país del que provienen y que usar fondos para esta cuestión no debía ser una decisión política supeditada al gobierno que en ese momento se encontrase en el poder.

En contraposición, los defensores de la voluntariedad esgrimían que si estados como Reino Unido o Alemania se abstuviesen de utilizar el Fondo, los países que más lo necesitan podrían recibir una cantidad mayor; además, en el caso de ser obligatorio, si un estado no utilizara la totalidad de su parte no tendría la posibilidad de reasignársela a otro país, por lo que quedaría automáticamente “perdida” hasta 2020. También afirmaban que hay estados a los que este fondo les podría resultar contraproducente, porque ya tienen redes de ayuda alimentaria que funcionan mejor sin los requisitos que marca el Fondo o porque tienen sistemas de protección social bien desarrollados, donde a los más necesitados se les asiste mejor con medidas de integración social que con ayuda alimentaria.

En mi opinión, parecía razonable un fondo voluntario con el que cada estado pudiera decidir si ayudar a sus más necesitados con ayuda alimentaria (por medio del FEAD) o con otros instrumentos de integración social, aunque entiendo la falta de fuerza que refleja una medida de estas características que no ampara a todos los que la necesitan, independientemente del país de la UE en el que estén. Otra cuestión es que estas estructuras, de importancia tan evidente, no estén incomprensiblemente recayendo en las instituciones públicas sino en bancos de alimentos de iniciativa privada. Es indudable sin embargo que han jugado un papel fundamental estas organizaciones hasta ahora, ayudando a los casi 120 millones de europeos en riesgo de pobreza o exclusión social, y creo que es esencial seguir dándoles los medios necesarios para sostener a quienes menos tienen, en esta Europa donde a veces olvidamos que el hambre y la miseria todavía existen.

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