La batalla de los alimentos contra los combustibles

“No más comida para combustibles”, se podía leer en las calles cercanas al Parlamento Europeo, en Bruselas, durante las últimas semanas. El plenario votaba el miércoles pasado una resolución de vital importancia para limitar el uso de biocombustibles de primera generación (cultivos alimentarios como el maíz, el trigo, la remolacha, la colza o la caña de azúcar destinados a la producción de carburantes), cada vez más extendido en Europa.

Lo curioso es que si su uso está cada vez más extendido es precisamente gracias a la propia regulación europea del sector del transporte. Diferentes directivas (como la Renewable Energy Directive o la Fuel Quality Directive), diseñadas con el objetivo de imponer un aumento en el uso de energías renovables y una reducción en la intensidad de los gases de efecto invernadero generados por combustibles en la Unión Europea para 2020, han supuesto que estos biocombustibles aumenten en la Unión Europea al ser de las maneras más fáciles y baratas de alcanzar estos objetivos.

Pero las consecuencias del uso de biocombustibles de primera generación se han demostrado negativas y numerosas. El Joint Research Centre de la Unión Europea muestra en su informe que si los biocombustibles no recibieran apoyo alguno de la Unión Europea el precio de productos como el aceite vegetal (especialmente el de soja y palma) se reduciría hasta un 50% para 2020. Además del efecto negativo en la seguridad alimentaria y el aumento de los precios de los alimentos dentro y fuera de la UE (causante del aumento, a su vez, del hambre en numerosos países), otra consecuencia es el impacto climático debido al cambio de uso de tierras (o indirect land use change, ILUC) que pasan de dedicarse a la alimentación para hacerlo al cultivo de vegetales destinados a producir biocombustibles, lo que puede conllevar un aumento de las emisiones de CO2 así como desforestación (al talarse bosques para desarrollar estos lucrativos cultivos) y acaparamiento de tierras en todo el mundo.

Es en respuesta a estas cuestiones que la Comisión Europea sugería en su propuesta en octubre el uso de los llamados biocombustibles de segunda generación, producidos a partir de residuos y restos de otros cultivos, y el Parlamento Europeo se pronunciaba el miércoles pasado votando a favor de la implantación de un máximo del 6% para el uso de los biocombustibles de primera generación que pueden contabilizarse para alcanzar los objetivos de las directivas arriba mencionadas. Asimismo, el Parlamento resolvió que los factores ILUC deben ser tenidos en cuenta de manera obligatoria a la hora de valorar qué agrocombustibles excluir del cumplimiento de los objetivos para 2020 por ser más nocivos para el medio ambiente.

Una batalla más en la Unión Europea, que si lenta, tendrá consecuencias fundamentales para asegurar la seguridad alimentaria dentro y fuera de nuestros países. Os dejo las aportaciones de los eurodiputados Bas Eickhout y Claude Turmes en el plenario la semana pasada. ¡Seguiremos informando!

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