Siempre nos quedará París: O ilusiones y desesperanzas en la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático

Un fracaso. Decepcionantes. Así definían muchos de los delegados la Conferencia sobre Cambio Climático en Varsovia tras las negociaciones que acabaron el sábado noche y que pusieron fin a dos semanas de conversaciones y 40 horas de frenético sprint final. Lo cierto es que las negociaciones del COP19, décimo novena Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, nunca despertaron grandes ilusiones. Las esperanzas estaban puestas en que sirviera para diseñar una hoja de ruta para unas negociaciones que sí pasarían, con suerte, a la historia: Las de París de diciembre 2015, en las que el objetivo es firmar el que sería el acuerdo final sobre Cambio Climático, global y vinculante para todos los países y que reemplazaría a Kyoto en los compromisos climáticos a partir de 2020.

El ambiente que emanaban las calles de Varsovia estas semanas pasaba, sentía yo, de gélido a hirviente a pasmosas velocidades. Grandes acciones e ideas brillantes de ONGs y movimientos sociales (como la manifestación por un acuerdo ambicioso, la campaña “WTF? – Where are The Finances?” o la gala de premios al Fósil del Día) convergían con actuaciones de la Presidencia Polaca (como la Cumbre sobre el Carbón organizada por el propio gobierno, o el hecho de que los patrocinadores de la conferencia fueran algunas de las empresas más contaminantes del planeta) que evidenciaban la falta de intención y de ambición de los organizadores de la Conferencia y generaban una frustración que a nadie pasaba desapercibida.

El acuerdo de Varsovia tardará poco en pasar al olvido. Se reduce a la palabra de los casi 200 estados participantes en definir un calendario con sus compromisos de reducción de emisiones antes de marzo de 2015, y mucho papel mojado con respecto a los otros dos principales objetivos: el de acordar una financiación para medidas contra el cambio climático (que implicaba un llamamiento a los países desarrollados para alcanzar la cifra de 100.000 millones de dólares para 2020 a partir de fondos públicos y privados) y el de un mecanismo de Perdidas y Daños, por el que se asistiría a los países que como recientemente Filipinas hayan padecido los estragos de las consecuencias del cambio climático en su propio territorio.

El camino ahora lo definirán la reunión Ministerial en Bonn de junio de 2014 y la Cumbre de Naciones Unidas de “Ban-Ki Moon” en septiembre del mismo año. Un largo camino a andar hasta la conferencia en París, en definitiva, en el que Europa tendrá que aprender a gestionar las reticencias y bloqueos, en ocasiones, de países como Japón, Australia y Canadá al mismo tiempo que a gestionar las peticiones, cada vez más desesperadas, de los países en vías de desarrollo del G-77 para llegar a un acuerdo global concreto, en formas y medios, a finales de 2015.

Europa tiene una responsabilidad. Como anfitriona del COP21 dentro de dos años en París, la Unión Europea debe empezar ya a dar ejemplo aumentando los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2020, ahora al 20%, y marcando el 60% para 2030 y la eliminación de las emisiones procedentes de combustibles fósiles para 2050. La falta de compromiso motivado por la recesión económica no esconde más que falta de voluntad política, en países en los que los subsidios a los combustibles fósiles cada año se cuentan en miles de millones y en los que la inversión a fuentes de energías renovables o a programas de eficiencia energética son comparativamente inexistentes. El carbón, el gas de esquisto y los combustibles fósiles deben desaparecer de nuestros balances energéticos si queremos asegurar la seguridad energética, crear millones de empleos y trabajar en pro de una economía y una sociedad sostenibles. Tenemos dos años para haberlo comprendido.

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Una Garantía Juvenil sin muchas garantías

Mañana miércoles el Parlamento Europeo respaldará la asignación de 6.000 millones de euros de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ), destinados a reforzar económicamente la Garantía Juvenil, herramienta voluntaria con la que las instituciones europeas quieren demostrar sus pretendidos esfuerzos para combatir el desempleo juvenil dentro de la Unión. Una vez más, la respuesta se reduce a mucho compromiso verbal y pocas acciones, en una Europa desorientada ante unas cifras de desempleo juvenil insólitas en el continente.

¿Qué es la Garantía Juvenil? Es el compromiso, por parte de las administraciones y los servicios públicos de empleo, de ofrecer a los y las jóvenes menores de 25 años (o 30, a decidir por cada Estado) un empleo o una formación tras un período máximo de 4 meses de inactividad laboral o tras haber concluido la educación formal.

Y es que las cifras escupen una realidad que a veces no concebimos. Cerca de 6 millones de jóvenes (23,5%) de menos de 25 años buscan trabajo en una Unión Europea incapaz de proveerlo. Esta cifra alcanza el casi millón de personas en nuestro país (56,5%), entre los que se encuentra uno de los sectores más afectados por una crisis que se está llevando a las y los jóvenes brutalmente por delante: los llamados Ni-Nis, jóvenes que ni trabajan ni estudian y a los que la falta de perspectivas de futuro les coloca en una situación de desamparo que les aboca, a veces irremediablemente, al infierno del desempleo de larga duración, entre cuyas peores consecuencias se encuentran la pobreza y la exclusión social.

7.5 millones es el total de jóvenes de menos de 25 años que responden a esta descripción en la UE. Y 6.000 millones el presupuesto asignado a la IEJ para poner en funcionamiento la Garantía Juvenil en los próximos 7 años, en los países cuyo paro juvenil supere el 25% y que presenten sus planes antes de finales de diciembre. La ayuda (de la que casi 2.000 millones de euros irán a parar a España) se concentrará en el período 2014-2015, para hacerla algo más presentable, y no será dinero nuevo: la mitad proviene del Fondo Social Europeo y la otra mitad del Fondo de Cohesión. Pero poco parece importar de dónde vengan los fondos, ante una ayuda del todo insuficiente. La Organización Internacional del Trabajo calcula que para de verdad implementar una Garantía Juvenil solo en la zona euro serían necesarios, al año, 21.000 millones de euros.

El planteamiento de la Garantía Juvenil no es en mi opinión lo equivocado, lo equivocado es la falta de compromiso de los que dicen querer implantarla. Todos los jóvenes deberían tener el derecho de experimentar una transición suave de su etapa formativa a la laboral, y las instituciones deberían ser las encargadas de garantizar que así fuera, utilizando los recursos necesarios para ello. Esa era la idea original que presentaron los verdes por primera vez en el Parlamento Europeo en 2009, una Garantía Juvenil que construyera las bases en definitiva de una garantía de derechos, y no una herramienta que pretendiera responder a la gravedad de una crisis para la que no fue diseñada.

La virulencia del desempleo juvenil en Europa no se resolverá con Garantías insuficientes en medios y en expectativas. Se resolverá poniendo fin a las políticas de austeridad, que destruyen más herramientas para el empleo juvenil de las que la Garantía Juvenil podría pretender crear, y diseñando un plan de choque en el corto plazo que asegure primero los derechos de los que están dentro y fuera del mercado laboral al mismo tiempo que se esboza una estrategia de creación de empleo que tenga como base la inversión pública (posible con una justa reforma fiscal) y el reparto del trabajo.