Voz y voto

Por más que levantemos la voz, nadie nos escucha. Por más que exijamos participar, somos ignorados. Los jóvenes estamos, en España y en la mayor parte del resto de Europa, subrepresentados en las instituciones. Nadie defiende nuestros intereses porque no interesamos electoralmente, y es esa la razón del impasse en que nos encontramos: El 57,7% de los jóvenes que buscan trabajo en España no pueden encontrarlo; la precariedad laboral entre los que trabajan viene de épocas muy anteriores a la crisis que vivimos; hablar de emancipación se ha convertido en una broma, y la imposibilidad de vivir una vida independiente en una realidad cotidiana.

Los principios democráticos nos cuentan que todos los sectores deben de estar representados en las instituciones, para garantizar que ninguno de ellos resulte discriminado. Y la evidencia nos muestra que los jóvenes, a día de hoy, no lo estamos. A comienzos de la presente legislatura, menos de 20 eurodiputados tenían menos de 30 años. Un 2,7%. En un Parlamento que pretende representar a una ciudadanía en la que el 33,8% no ha entrado en la treintena.

Y es en estas instituciones donde se toman decisiones que afectan directamente nuestras vidas, y que son las causantes de la angustia en la que se encuentra una generación, sin futuro ni presente. Si nosotros no participamos en la toma de decisiones, otros lo harán por nosotros. Otros, de hecho, ya lo están haciendo. Los mismos que llevan haciéndolo durante los últimos 40 años.

Exigimos un cambio generacional en los órganos de decisión, sea a nivel político, social, cultural o económico.

Y exigimos otros cambios para asegurar que la voz de la juventud es oída e impacta en la oscuridad de los despachos en los que nuestro futuro se dictamina. Las organizaciones juveniles deben tener un papel fundamental en el diseño, desarrollo, implementación y control de las políticas que nos afectan, tanto a nivel europeo como nacional. Y la imposibilidad de reducir la edad de voto por debajo de los dieciocho años, el privilegio de reservar a los más mayores el derecho a votar o a presentarse a unas elecciones, debe contemplarse desde la perspectiva de los derechos humanos. No es solamente una cuestión de hacer electoralmente interesante al sector de la juventud, politizarlo y empoderarlo; no es solamente cuestión de conseguir que la clase política se interese de una vez por todas por nosotros: de lo que estamos hablando es de la predisposición política a evitar la concienciación crítica de la juventud, hablamos de la incoherencia que supone que podamos asumir con solo diez años responsabilidad penal en Reino Unido, que podamos ser considerados aptos para trabajar a tiempo completo o para sostenernos económicamente en España, pero que no tengamos derecho a votar hasta los dieciocho años. Hablamos, en definitiva, de una cuestión similar a la que se debatía a comienzos del siglo pasado sobre el derecho de la mujer a ejercer el voto.

Los jóvenes tenemos la capacidad de cambiar el mundo. Lo podemos cambiar desde las calles, y lo podemos cambiar también desde las instituciones. Quien consiga movilizar nuestro voto, intencionadamente cimentado abstencionista, vencerá. Y tendrá, junto con todos nosotros, la oportunidad de cambiarlo todo.

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