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El paraíso de la aviación

Publicado en eldiario.es el 1 de octubre de 2016.

No somos todos iguales. Sé que esta noticia cogerá, a estas alturas, a pocos por sorpresa. Pero créanme cuando les digo que el caso de las compañías aéreas es digno de admiración. Imagínense una empresa con beneficios multimillonarios que se dedica al transporte internacional. Ahora imagínense que lo hace sin pagar impuestos por el combustible que utiliza, con billetes a los que el IVA no es aplicable, que no tiene que cumplir requisitos legalmente vinculantes en materia de eficiencia energética y que no tiene que limitar la contaminación ambiental que genera su actividad. Imagínense una empresa así y se harán una idea de los privilegios de los que disfrutan hasta ahora las compañías aéreas. Eso sí: es posible que no por mucho tiempo.

Es digno de admiración, decía, sobre todo al tener en cuenta la responsabilidad que tiene la aviación internacional ante algunos de los mayores desafíos globales a los que nos enfrentamos. El cambio climático es un ejemplo. La aviación emite cada año tanto CO2 como los 129 países con menos emisiones, y los pronósticos no son alentadores: mientras que en 2010 la industria de la aviación contaba con 2.400 millones de pasajeros, para 2050 se espera alcanzar los 16.000 millones, lo que haría que las emisiones de este sector aumentaran un 300% si no se toman las medidas necesarias para evitarlo.

La aviación no se incluyó en el texto del Acuerdo de París alcanzado en la Cumbre del Clima el año pasado, a pesar de que contener las emisiones de este sector es absolutamente imprescindible para cumplir con el principal compromiso acordado en París: mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a niveles preindustriales y dedicar esfuerzos a limitarlo a 1,5°C. ¿El pretexto? Más allá de la poderosa influencia de la industria aeronáutica en la mayor parte de los gobiernos occidentales, se decidió atribuirle a otro organismo de Naciones Unidas, la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la responsabilidad de alcanzar un plan global para limitar las emisiones de la aviación internacional. Un plan en el que la OACI llevaba trabajando, sin mucho éxito, desde hacía casi dos décadas. Lo que en París sí quedó claro fue la fecha: la Asamblea de la OACI se reúne solo una vez cada tres años, y su próxima asamblea del 27 de septiembre al 7 de octubre de 2016 tenía que ser la fecha límite para llegar a un acuerdo. Hacerlo después sería, sencillamente, hacerlo demasiado tarde.

Esa es la razón por la que esta semana los ministros y ministras de transporte de todo el mundo se están reuniendo en Montreal, sede de la OACI, para acordar la puesta en marcha de un mecanismo global de mercado (GMBM, por sus siglas en inglés) que garantice un crecimiento neutro de CO2 en la aviación internacional a partir de 2020. Esto es: un mecanismo que asegure que en 2020 las emisiones de la aviación internacional llegan a un máximo, de manera que todas las emisiones que sobrepasen los niveles de 2020 a partir de ese momento tengan que ser compensadas con otros sectores.

Un mecanismo como este no sería suficiente para cumplir con el objetivo de 2°C acordado en París, y, aun así, el resultado de las negociaciones está dando a entender que el mecanismo acordado podría no cumplir ni siquiera con ese compromiso. Se esperan dos fases voluntarias que pospondrían la entrada en vigor obligada del mecanismo a 2027, lo que conllevaría el crecimiento de las emisiones de la aviación durante todavía la próxima década. Además, el gran número de exenciones que se recogen, la falta de garantías sobre la integridad medioambiental de las compensaciones de CO2 y los intentos de prohibir regulaciones de la aviación a nivel regional (como el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión) son concesiones inaceptables que ponen en cuestión la efectividad del mecanismo que vaya a alcanzarse en Montreal. La tarea de nuestros y nuestras representantes es clara: garantizar la mayor participación posible en las fases voluntarias, si no pueden evitarse; evitar el recuento doble de compensaciones, asegurando que se dota de transparencia al uso de las mismas; y garantizar que la ambición del acuerdo puede revisarse con el paso del tiempo y que los países con más recursos asumen su responsabilidad histórica y son los primeros en dar un paso adelante.

Los excesos de las compañías aéreas les corresponde pagarlos a ellas, no a la ciudadanía. Los costes de la contaminación deben asumirlos sus responsables, y quienes nos representan tienen que entender que su prioridad es defender nuestra salud y nuestra calidad de vida. El compromiso declarado de la OACI es mucho más débil de lo que haría falta para cumplir los objetivos acordados en París, pero tiene el potencial de convertirse en un movimiento en la dirección correcta si ciertas cláusulas se refuerzan y se asegura el mayor compromiso político posible. Es el momento de que la industria de la aviación empiece a contribuir a los desafíos a los que nos enfrentamos. No hay excusas, ni tiempo que perder.

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Un país que se ahoga

La entrada en Pekín es pegajosa, gris, asfixiante. Una niebla densa envuelve la ciudad, te hace toser, esconde el sol y lo tamiza. Se mantiene durante días, a veces semanas, y solo desaparece cuando la lluvia o el viento se la llevan inesperadamente durante unas horas. Es entonces cuando se puede ver el cielo.

Este esmog, o niebla tóxica, que en medidas menos desproporcionadas tan bien conocemos en Madrid, cubre ya un tercio de la República Popular China y es un recordatorio lo suficientemente poderoso de lo lejos que está este país de alcanzar mínimos de calidad de vida para sus habitantes. Para todas y todos, quiero decir. Porque como advierte Ralph Litzinger, lo cierto es que diferentes clases y grupos sociales experimentan las consecuencias de estos niveles de contaminación de maneras diferentes.

La clases medias, cada vez más concienciadas, envían a sus hijos a colegios que cuentan con protección, los dejan en casa en días de asfixia o buscan formas de que estudien en el extranjero cuando llega el momento. Medidas que no están al alcance de las capas más vulnerables de la sociedad, que padecen sin embargo la crudeza de la contaminación del aire, el 60% de los ríos y el 20% de las tierras de cultivo de un país cuya amenaza ya no está solo en el crecimiento económico y la salud pública: lo está también en la estabilidad política.

Un buen ejemplo es la expansión de industrias tóxicas y refinerías químicas, que tiene lugar precisamente en las provincias más pobres del interior de país, donde se espera, parece, que la población que allí vive acepte cualquier empleo a cualquier precio, aunque el coste de este se pague con su salud y su medio ambiente -se calcula que cada año mueren prematuramente entre 350.000 y 500.000 chinos debido a la contaminación-. Y están diciendo que no piensan hacerlo.

Hay algo que sí está cambiando. Los pequineses están descubriendo que después de todo conseguir que su cielo sea azul es solo cuestión de voluntad: política, entre otras. Y que igual que para la ocasión de la cumbre Asia Pacífico fue posible, lo debe ser también de ahora en adelante.

Lo está descubriendo la ciudadanía, pero puede que lo esté intuyendo también su clase política. China se está convirtiendo en líder del mercado de nuevas tecnologías, y en los próximos 20 años hará la mayor parte de las inversiones globales en energía solar, eólica y en automóviles eléctricos. Está entendiendo dónde se juega el futuro. Está entendiendo, al igual que Estados Unidos, que los líderes de estas tecnologías serán capaces de bajar los costes de producción y de dominar industrias como la del automóvil, de gran importancia para la Unión Europea, por ejemplo. Las implicaciones que tiene apostar por la transición energética no son sólo medioambientales, sino también políticas, económicas y sociales. Solo los ciegos no están siendo capaces de verlo. Y entre ellos, los que nos gobiernan.

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Europa importa: Una victoria que contar

Os quiero hablar de una victoria. Una victoria conseguida gracias a Europa; pero una victoria conseguida, por encima de todo, por los ciudadanos y las ciudadanas madrileñas. Y una victoria conseguida por Equo, cuando muy en sus primeros momentos decidió denunciar a las autoridades europeas el incumplimiento de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid del derecho europeo y en concreto de la directiva 2008/50/CE, sobre la calidad del aire en la capital.

Los niveles de contaminación de Madrid, debidos principalmente al tráfico y en segundo lugar a la industria, son conocidos por todos. Su consecuencia es a veces olvidada: Un problema de salud pública de verdadera gravedad. Asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón e incluso muertes prematuras (cada año 16.000 en España y 1.700 solo en Madrid debido a la contaminación del aire, según la Comisión Europea) son la materialización más negra de esta realidad, en una ciudad cuyos gobernantes se niegan a elaborar planes ambiciosos para luchar contra esta situación y fomentan precisamente proyectos del todo insostenibles, como el ya fallido Eurovegas, o un crecimiento basado en la construcción que va exactamente en la dirección contraria a lo marcado por la legislación europea.

Y es que esta legislación, concretamente en materia de medio ambiente, es una de las razones por las que podemos estar agradecidos a la Unión Europea: Muchos pensamos que sin ella, y a pesar de sus últimos pasos hacia atrás, países como España nunca hubieran avanzado en medidas fundamentales para responder a la amenaza de cambio climático y a la contaminación en nuestro planeta.

Una de estas medidas es la directiva 2008/50/CE, que ensambló las diferentes normativas sobre la calidad del aire desarrolladas desde los años 90, y que recoge entre otras cosas los valores máximos tolerables (por hora, día, o año) de una serie de sustancias tóxicas como las partículas en suspensión (PM10 o PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) o el ozono troposférico. En este ámbito, son los Estados miembros los que tienen la obligación de incorporar (en unos plazos definidos) el derecho de la Unión a su ordenamiento jurídico, y es obligación de la Comisión Europea supervisar y ejecutar acción legal en caso de infracción por parte del Estado miembro.

¿Y quién puede denunciar una infracción? Lo puede hacer la propia Comisión, otro Estado miembro, o cualquier ciudadano de la Unión por medio del Comité de Peticiones de Parlamento Europeo.

Así lo hizo Alejandro Sánchez en nombre de la Fundación EQUO en marzo de 2011. Denunció que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid estaban incumpliendo los límites máximos vigentes desde hacía años, que estaban recolocando las estaciones de medición de zonas más a otras menos contaminantes y que estaban implementando medidas, como el Plan de Carreteras 2007-2011, que suponían un empeoramiento de los niveles de contaminación en la Comunidad.

Y la Comisión contestó. Que con respecto a la recolocación de las estaciones de medición, no tenía suficiente información. Que con respecto a planes de carreteras, la directiva no tenía suficiente competencia. Que con respecto a algunas de las substancias señaladas, aun había lugar para posibles moratorias o a la recolección de otros datos más favorables al gobierno matritense.

Pero también que, con respecto a una de las substancias señaladas, el PM10, en una de las zonas señaladas, el Corredor del Henares, sí veía un incumplimiento claro por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y por la misma señaló que comenzaba un procedimiento de infracción, dirigido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que exigiría al gobierno de la Comunidad de Madrid el cumplimiento de la legislación comunitaria bajo amenaza de multas millonarias, de los que su gobierno, entonces el de Esperanza Aguirre, debería ser el único responsable.

Y así acabo una victoria, en la que los ciudadanos, por medio de Equo, forzaron al gobierno de la Comunidad de Madrid a cambiar sus políticas por el bienestar y la salud de los madrileños. Y en la que, gracias entre otras cosas a la Unión Europea, vencimos.

Seguramente esta fuera la primera de muchas victorias.