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El ISIS y el Oro Negro

Publicado en Público el 26/11/2015.

Rosa Martínez, coportavoz de EQUO (@RosaM_Equo)
Guillermo Rodríguez, miembro de EQUO (@willrodrob)

El ISIS tiene todo el dinero que necesita. Eso no era ningún secreto. Entre sus muchas fuentes de financiación —como la extorsión, las donaciones o el tráfico de seres humanos— hay una que sobresale hasta ahora sobre todas las demás: el petróleo. La explotación de campos petrolíferos en Irak y Siria y su exportación ilegal a través de países como Turquía han supuesto la principal fuente de financiación de esta organización terrorista: entre 1 y 3 millones de dólares de ingresos al día, todos los días. A esto hay que sumarle las donaciones particulares, mayoritariamente de hombres acaudalados de los países del Golfo. Otra vez, el petróleo.

El petróleo es una fuente de energía sucia, y no sólo por contaminante. El control de las reservas de petróleo, gas, uranio y otros recursos energéticos mediante la violencia hace mucho que domina la geopolítica del mundo en que vivimos. Conflictos como Afganistán, Irak, Libia o Siria, que generaron la creación y radicalización de grupos yihadistas como el ISIS, son algunos ejemplos de las injerencias occidentales por intereses vinculados a los recursos naturales. Otro ejemplo del precio que pagamos por el petróleo que consumimos: el silencio de la comunidad internacional ante las continuas violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí.

Intervenciones militares de países como Francia en Libia o Irak, donde petroleras francesas se reparten beneficios; o en Mali, de donde Francia importa uranio para su producción nuclear, no justifican de ninguna forma matanzas como la del 13 de noviembre en París: responsables son solo los que matan. Sin embargo, cualquier explicación o análisis que las obvie errará en la búsqueda de soluciones.

 Que París sirva para que Europa reaccione. Nuestra excesiva dependencia del exterior de fuentes de energía como el petróleo, el gas o el uranio no es sólo una insensatez, por la inseguridad energética a la que nos exponen conflictos como el de Ucrania; sino también una hipocresía. Este modelo energético confronta el discurso de los valores europeos con las violaciones de derechos humanos a las que sometemos a millones de personas con nuestras guerras y nuestros contratos. Además, es también una gravísima imprudencia, ya que nos impide actuar con responsabilidad ante uno de los mayores retos de la humanidad en el siglo XXI: el cambio climático.

Y no deja de ser paradójico que la Cumbre del Clima, que empieza en París el próximo lunes, se vea mermada política y organizativamente por la misma causa que un acuerdo poderoso y vinculante en esta materia podría combatir. ¿Se imaginan todo lo que ganaríamos usando otras fuentes de energía que no fueran el petróleo? Es evidente, beneficios para la mayor parte de la humanidad, pérdidas para unos pocos.

La buena noticia es que existe una alternativa para reducir nuestra dependencia energética, limitar los conflictos geopolíticos vinculados a los recursos energéticos, dejar de financiar a grupos terroristas y además contribuir a la lucha contra el cambio climático: las energías limpias y renovables. Si conseguimos además que la producción de energía sea controlada por la ciudadanía conseguiremos, al mismo tiempo, redistribuir esta parcela de poder, hoy en manos de grandes multinacionales con muchos intereses y muy pocos escrúpulos. Energías limpias, sí: también en democracia y derechos humanos.

Un país que se ahoga

La entrada en Pekín es pegajosa, gris, asfixiante. Una niebla densa envuelve la ciudad, te hace toser, esconde el sol y lo tamiza. Se mantiene durante días, a veces semanas, y solo desaparece cuando la lluvia o el viento se la llevan inesperadamente durante unas horas. Es entonces cuando se puede ver el cielo.

Este esmog, o niebla tóxica, que en medidas menos desproporcionadas tan bien conocemos en Madrid, cubre ya un tercio de la República Popular China y es un recordatorio lo suficientemente poderoso de lo lejos que está este país de alcanzar mínimos de calidad de vida para sus habitantes. Para todas y todos, quiero decir. Porque como advierte Ralph Litzinger, lo cierto es que diferentes clases y grupos sociales experimentan las consecuencias de estos niveles de contaminación de maneras diferentes.

La clases medias, cada vez más concienciadas, envían a sus hijos a colegios que cuentan con protección, los dejan en casa en días de asfixia o buscan formas de que estudien en el extranjero cuando llega el momento. Medidas que no están al alcance de las capas más vulnerables de la sociedad, que padecen sin embargo la crudeza de la contaminación del aire, el 60% de los ríos y el 20% de las tierras de cultivo de un país cuya amenaza ya no está solo en el crecimiento económico y la salud pública: lo está también en la estabilidad política.

Un buen ejemplo es la expansión de industrias tóxicas y refinerías químicas, que tiene lugar precisamente en las provincias más pobres del interior de país, donde se espera, parece, que la población que allí vive acepte cualquier empleo a cualquier precio, aunque el coste de este se pague con su salud y su medio ambiente -se calcula que cada año mueren prematuramente entre 350.000 y 500.000 chinos debido a la contaminación-. Y están diciendo que no piensan hacerlo.

Hay algo que sí está cambiando. Los pequineses están descubriendo que después de todo conseguir que su cielo sea azul es solo cuestión de voluntad: política, entre otras. Y que igual que para la ocasión de la cumbre Asia Pacífico fue posible, lo debe ser también de ahora en adelante.

Lo está descubriendo la ciudadanía, pero puede que lo esté intuyendo también su clase política. China se está convirtiendo en líder del mercado de nuevas tecnologías, y en los próximos 20 años hará la mayor parte de las inversiones globales en energía solar, eólica y en automóviles eléctricos. Está entendiendo dónde se juega el futuro. Está entendiendo, al igual que Estados Unidos, que los líderes de estas tecnologías serán capaces de bajar los costes de producción y de dominar industrias como la del automóvil, de gran importancia para la Unión Europea, por ejemplo. Las implicaciones que tiene apostar por la transición energética no son sólo medioambientales, sino también políticas, económicas y sociales. Solo los ciegos no están siendo capaces de verlo. Y entre ellos, los que nos gobiernan.

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Siempre nos quedará París: O ilusiones y desesperanzas en la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático

Un fracaso. Decepcionantes. Así definían muchos de los delegados la Conferencia sobre Cambio Climático en Varsovia tras las negociaciones que acabaron el sábado noche y que pusieron fin a dos semanas de conversaciones y 40 horas de frenético sprint final. Lo cierto es que las negociaciones del COP19, décimo novena Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, nunca despertaron grandes ilusiones. Las esperanzas estaban puestas en que sirviera para diseñar una hoja de ruta para unas negociaciones que sí pasarían, con suerte, a la historia: Las de París de diciembre 2015, en las que el objetivo es firmar el que sería el acuerdo final sobre Cambio Climático, global y vinculante para todos los países y que reemplazaría a Kyoto en los compromisos climáticos a partir de 2020.

El ambiente que emanaban las calles de Varsovia estas semanas pasaba, sentía yo, de gélido a hirviente a pasmosas velocidades. Grandes acciones e ideas brillantes de ONGs y movimientos sociales (como la manifestación por un acuerdo ambicioso, la campaña “WTF? – Where are The Finances?” o la gala de premios al Fósil del Día) convergían con actuaciones de la Presidencia Polaca (como la Cumbre sobre el Carbón organizada por el propio gobierno, o el hecho de que los patrocinadores de la conferencia fueran algunas de las empresas más contaminantes del planeta) que evidenciaban la falta de intención y de ambición de los organizadores de la Conferencia y generaban una frustración que a nadie pasaba desapercibida.

El acuerdo de Varsovia tardará poco en pasar al olvido. Se reduce a la palabra de los casi 200 estados participantes en definir un calendario con sus compromisos de reducción de emisiones antes de marzo de 2015, y mucho papel mojado con respecto a los otros dos principales objetivos: el de acordar una financiación para medidas contra el cambio climático (que implicaba un llamamiento a los países desarrollados para alcanzar la cifra de 100.000 millones de dólares para 2020 a partir de fondos públicos y privados) y el de un mecanismo de Perdidas y Daños, por el que se asistiría a los países que como recientemente Filipinas hayan padecido los estragos de las consecuencias del cambio climático en su propio territorio.

El camino ahora lo definirán la reunión Ministerial en Bonn de junio de 2014 y la Cumbre de Naciones Unidas de “Ban-Ki Moon” en septiembre del mismo año. Un largo camino a andar hasta la conferencia en París, en definitiva, en el que Europa tendrá que aprender a gestionar las reticencias y bloqueos, en ocasiones, de países como Japón, Australia y Canadá al mismo tiempo que a gestionar las peticiones, cada vez más desesperadas, de los países en vías de desarrollo del G-77 para llegar a un acuerdo global concreto, en formas y medios, a finales de 2015.

Europa tiene una responsabilidad. Como anfitriona del COP21 dentro de dos años en París, la Unión Europea debe empezar ya a dar ejemplo aumentando los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2020, ahora al 20%, y marcando el 60% para 2030 y la eliminación de las emisiones procedentes de combustibles fósiles para 2050. La falta de compromiso motivado por la recesión económica no esconde más que falta de voluntad política, en países en los que los subsidios a los combustibles fósiles cada año se cuentan en miles de millones y en los que la inversión a fuentes de energías renovables o a programas de eficiencia energética son comparativamente inexistentes. El carbón, el gas de esquisto y los combustibles fósiles deben desaparecer de nuestros balances energéticos si queremos asegurar la seguridad energética, crear millones de empleos y trabajar en pro de una economía y una sociedad sostenibles. Tenemos dos años para haberlo comprendido.

La batalla de los alimentos contra los combustibles

“No más comida para combustibles”, se podía leer en las calles cercanas al Parlamento Europeo, en Bruselas, durante las últimas semanas. El plenario votaba el miércoles pasado una resolución de vital importancia para limitar el uso de biocombustibles de primera generación (cultivos alimentarios como el maíz, el trigo, la remolacha, la colza o la caña de azúcar destinados a la producción de carburantes), cada vez más extendido en Europa.

Lo curioso es que si su uso está cada vez más extendido es precisamente gracias a la propia regulación europea del sector del transporte. Diferentes directivas (como la Renewable Energy Directive o la Fuel Quality Directive), diseñadas con el objetivo de imponer un aumento en el uso de energías renovables y una reducción en la intensidad de los gases de efecto invernadero generados por combustibles en la Unión Europea para 2020, han supuesto que estos biocombustibles Seguir leyendo La batalla de los alimentos contra los combustibles

Reformas pendientes de la UE II: Otro modelo energético es posible

En Europa es posible un cambio de modelo energético. Dependemos de las importaciones de carburantes fósiles provenientes del exterior, cuando una reforma energética nos permitiría crear nuestra propia energía de forma limpia, local y eficiente. La razón por la que no vamos en esta dirección se debe a la falta de voluntad política, combinada indiscutiblemente con el enorme poder e influencia de los lobbies energéticos en países como España.

La dependencia de la Unión Europea de proveedores exteriores de petróleo y gas, que va en aumento a medida que disminuyen las propias reservas europeas, es contraria a los intereses de las y los ciudadanos. Queremos y podemos fortalecer una producción local en Europa, no contaminante, menos generadora de residuos y más eficiente energéticamente. Queremos y podemos acceder a una soberanía energética coherente con el planeta y sus recursos. Y para conseguirlo, sólo necesitamos que los países de la Unión Europea aúnen su voz en contra de los intereses de una oligarquía energética que detenta un poder que no le pertenece.

Hablar de dependencia energética es hablar de consecuencias medioambientales y económicas, pero también de un subsecuente problema social. Sólo en España, en la actualidad, la energía importada en nuestro país tiene un coste de 45 mil millones de euros, es decir, un 4% del PIB. Prácticamente el doble de los objetivos de reducción del déficit público marcados por Europa. Al mismo tiempo que recortamos en educación y sanidad, nos permitimos malgastar un presupuesto que podría invertirse en desarrollar otros sectores, como el de las energías renovables, que podrían generar más de un millón de empleos verdes sólo en España, al mismo tiempo que podrían convertirnos en energéticamente autosuficientes a medio plazo.

Así lo plantea Greenpeace en su conocidos informes sobre el potencial de las energías renovables, en los que concluye que haciendo las inversiones adecuadas (que serían al mismo tiempo beneficiosas para frenar el problema del desempleo y estimular la propia economía, en la línea que plantea el Green New Deal), Europa podría basar su consumo energético en energías renovables en casi un 100% en 2050.

Si queréis saber mi opinión, el paso a depender exclusivamente de las energías renovables en países como el nuestro, que podríamos llamar el del sol y del viento, no debería ser sólo una opción sino una obligación para con nosotros y las futuras generaciones. En España podemos hacerlo, sencillamente. Y que no se haga debido a los intereses de un lobby energético y las deudas políticas de unos pocos, en un momento en que estamos conociendo las fronteras de la injusticia social y medioambiental en democracia, debería tener, al menos, consecuencias políticas.

Hay soluciones. Hay maneras alternativas de salir de donde estamos. No nos dejemos engañar.